Se reunirán con la nueva consejera de Fomento el próximo 31 de enero

Un taxi recoge a unos pasajeros en la estación del AVE en Córdoba

La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, que preside el cordobés Miguel Ruano (al frente, igualmente, de la Asociación Provincial Auttacor) se reunirá, junto a otros colectivos regionales, con la nueva consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, el próximo 31 de enero para abordar el conflicto que mantiene el sector con los VTC (Vehículos de Turistas con Conductor).

Dicho enfrentamiento, que en Madrid y Barcelona ha derivado en paros e incluso acciones violentas, se mantiene en una calma tensa en Córdoba y el resto de Andalucía. Según Ruano, «vamos a sentarnos con la consejera, a respetar los tiempos. No nos presentamos con la amenaza de hacer huelga. Le plantearemos nuestras propuestas y esperaremos su respuesta».

¿Y cuáles son las demandas de los taxistas cordobeses y andaluces? Las mismas que las del resto de profesionales del sector en todo el territorio nacional: las principales, que se establezca un plazo mínimo para la precontratación de los servicios VTC, con los que operan las plataformas Uber y Cabify, y que se obligue a los conductores de estos vehículos a que vuelvan a sus bases después de cada trayecto.

Según explica Ruano, «la situación en Córdoba es, si cabe, peor, porque aquí cualquier taxi hace la tercera parte de la recaudación diaria de uno de Madrid o Barcelona. Y en Andalucía se han llegado ya a las 1.900 VTC en Córdoba hay unas 60), que, en el mejor de los casos, aumentarán hasta las 2.200.

Además, el presidente de Auttacor critica que los VTC «fijan los precios que estiman convenientes, no están regulados y el usuario tiene muy difícil interponer una reclamación: en muchas ocasiones, el precio concertado se incumple».

Regulación

La regulación del sector y el desarrollo normativo es competencia del Ministerio de Fomento, mientras que la gestión de las autorizaciones y su otorgamiento es competencia de las comunidades autónomas por delegación del Estado a través de una ley orgánica de delegación de facultades a las comunidades autónomas en materia de transporte por carretera.

La inspección de los servicios también está delegada a las comunidades autónomas, en tanto que Fomento coordina las actividades de inspección y establece las prioridades en un plan que se aprueba anualmente junto a las comunidades autónomas.

La normativa establece una autorización de VTC por cada 30 de taxi, una proporción que no se cumple en la mayoría de las comunidades./ABC

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