“No nos han presentado medidas concretas pero sí nos han ofrecido su compromiso de que van a regularizar la precontratación”, ha explicado tras el encuentro Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), la principal asociación que, junto con Élite Taxi Sevilla, Solidaridad del Taxi -también de Sevilla e involucrada en un proceso judicial que le acusa de prácticas mafiosas para mantener el monopolio del servicio en el aeropuerto-, y la Confederación de Taxis de la Costa del Sol han acudido a la reunión. Todos han ido acompañados por asesores jurídicos, entre ellos Elpidio Silva, el abogado de Élite Taxi Barcelona, que negoció el decreto sobre VTC de la Generalitat que determinó a Uber y Cabify a dejar de prestar servicios en esa comunidad. “El sector debe estar esperanzado”, ha manifestado Silva, pese a que la Consejería ha evitado explicitar iniciativas.


Andalucía se compromete con los taxistas a regularizar la precontratación de las VTC

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Los taxistas demandan que se regule la precontratación (las asociaciones difieren en el tiempo: FAAT propone 30 minutos mínimo, y Élite Taxi Sevilla, una hora), la eliminación de la geolocalización, la vuelta a la base obligatoria de los vehículos VTC y el reconocimiento del taxi como un sector de interés público, una declaración que conlleva determinadas ventajas, entre ellas fiscales). La Junta no se ha comprometido expresamente con ninguna de ellas, pero sí que ha asumido la necesidad de “ordenar la precontratación”, si bien no ha quedado claro si la Administración se decanta por imponerla de manera temporal o espacial, estableciendo una distancia mínima para solicitar un VTC. En 48 horas, la Consejería comunicará a las asociaciones del gremio cuándo les hará llegar su propuesta, un documento que desde FAAT esperan “poder debatir y modificar”, según ha indicado Ruano.

Con esta estrategia, la Junta ha vuelto a ganar tiempo y, con él, aplazar la que sería la primera crisis del nuevo Gobierno. Hace 15 días, en la primera reunión,Carazo esgrimió que aún no había nombrado a su equipo y que por tanto no podía adoptar ninguna decisión. Aunque el Ejecutivo bipartito no se ha pronunciado explícitamente sobre su posición respecto de la regulación de las VTC -Pablo Casado ha abogado por la liberalización del sector del taxi y Albert Rivera es partidario de no imponer restricciones a los VTC-, la Consejería de Fomento sí se ha desmarcado explícitamente de la postura de rechazo frontal que adoptó la comunidad de Madrid, gobernada por el popular Ángel Garrido, y parece decantarse por los modelos de regulación que recientemente han adoptado otras regiones como Valencia, Baleares, Aragón o Galicia, también regida por el PP.

Andalucía es la tercera comunidad de España con más licencias VTC (1.869 del total nacional de 12.865, según el Ministerio de Fomento) y Málaga, con 1.184, y Sevilla, con 222, son la tercera y cuarta ciudad, respectivamente, con más vehículos autorizados de este tipo circulando por sus calles, tras Madrid y Barcelona. “Que el Gobierno andaluz sea del PP no significa que sea como el de la comunidad madrileña”, ha señalado Silva tras en encuentro. El representante legal de Élite Taxi ha insistido en que la Junta debe tener también reuniones con los representantes de las VTC.

Pero el sector objeto de estas reuniones aún no ha sido contactado por la Consejería de Fomento, pese a que desde un principio su titular manifestó el interés por conocer todos los puntos de vista y “llegar a un equilibrio”, según ha confirmado a este diario Pablo García Trespalacios, presidente de Unauto Andalucía, la patronal de los vehículos de transporte con conductor en la comunidad. Desde la Consejería se indica que ya se ha tramitado la solicitud de un encuetro. “No vamos a aceptar ningún tipo de regulación sobre la precontratación. Nos encontrarán en los tribunales”, ha advertido García a EL PAÍS en conversación telefónica. “Es nuestra única vía de contratación, mientras que el taxi tiene tres: la calle, la solicitud telefónica y la precontratación”, explica. El director de Unauto recuerda que la Dirección General de la Competencia, organismo dependiente de la Junta, dictaminó en su momento que las administraciones públicas no pueden otorgar ningún tipo de ventajas competitivas al sector del taxi sobre las VTC. “Las restricciones para circular por el casco histórico de las ciudades, que solo esté señalado el carril del taxi son medidas que no se pueden aplicar”, sostiene./El Pais

https://elpais.com/economia/2019/02/14/actualidad/1550161507_472817.html

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